Confederaciones Rurales Argentinas expuso en la reunión de comisiones que el proyecto no busca en absoluto alcanzar una mayor transparencia como pretende esgrimir el Ejecutivo. Por el contrario, sólo promueve legalizar mecanismos de intervención que el sector agropecuario conoce acabadamente, como son los precios máximos, obligar a malvender una mercadería como en el caso del trigo y digitar quiénes venden y quiénes compran. Experiencias que llevaron a la caída de la producción y a una gran pérdida en el ingreso de divisas.
Rechazamos totalmente el proyecto porque limita la libertad de empresa e incrementa la discrecionalidad en la aplicación de la ley, concentrando el poder en un solo funcionario, más allá de que se constituye en un grave avasallamiento al ámbito de decisión de las empresas privadas. Dentro del sector agropecuario se pueden citar tres resoluciones intervencionistas de la Secretaría de Comercio Interior y que hicieron estragos para los argentinos: en carne vacuna las resoluciones 1/2006 y 38/2008 establecieron precios de referencia máximos para toda la cadena de la carne.
En trigo, la Resolución 67/2013 estableció que los actores deberían proveer adecuadamente el cereal al mercado interno, cuando es la propia Resolución 543/2008 aplicada por el Gobierno la que llevó a desequilibrios como el precio del pan a niveles internacionales y los productores transfiriendo ingresos hacia otros eslabones como la molinería. Los resultados siempre fueron negativos para el sector productivo, con una gran caída en inversiones, en producción y en competitividad, en tanto que los consumidores tampoco obtuvieron resultados positivos, con fuertes incrementos de los alimentos.
La intervención con precios de «referencia o máximos» fracasó, como era previsible. En ganadería perdimos 10 millones de cabezas de ganado y este año estaremos en las exportaciones más bajas de los últimos 50. En trigo producimos la mitad de lo que podríamos producir y hemos desaparecido del mercado mundial: sólo exportamos el 10% de la producción cuando llegamos al 70%.
Así, la intención del Gobierno de imponer precios máximos, de obligar a las empresas a producir determinados productos, de utilizar elementos sancionatorios de manera arbitral sólo acorralará aún más a la inversión privada, con la consabida repercusión en la pérdida de fuentes de empleo.
Por estas razones, y en una semana de tanta importancia para nuestro país, requerimos a los señores senadores y diputados que se expidan manifestando el rechazo a este proyecto de ley.
Por: Rubén Ferrero, presidente de CRA.
Presidente de la CRA