Editorial del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Rubén Ferrero en Las Bases.
«Donde hay poca justicia es un peligro tener razón»
Esta frase del título la citaba en el Siglo de Oro Francisco de Quevedo. Cinco siglos después recobra su vigencia.
Es absolutamente imposible concebir una república sana y vigorosa sin una justicia sana y vigorosa. La justicia sostiene a la república, la compone, es su esencia misma. Esa justicia no es ciega, tiene vendados los ojos como garantía de imparcialidad. Y esa imparcialidad nos preserva a todos sus ciudadanos de cualquier arbitrariedad, garantizando que no haya excepciones ni privilegios. Así debería ser siempre.
Pero en algunos momentos de su historia, la República puede ver sus principios erosionarse peligrosamente. Cuando esto ocurre, los ciudadanos se vuelven vulnerables. Y en ese estado de indefensión cala hondo la inmoralidad de quienes usan y abusan de la función pública para servir a sus oscuros caprichos y alimentar sus miserables sueños: son los indecentes que no dudan en renunciar al honor, a la palabra empeñada ante el pueblo, olvidando obscenamente las promesas tantas veces repetidas.
Es precisamente en esa coyuntura cuando volvemos la mirada a ese valor supremo, el único capaz de devolver a la república la virtud que posibilita la convivencia en armonía. Ardua tarea, que requiere de jueces íntegros, capaces de imponerse con la verdad y la justicia –que es el fin último del derecho- a los que, como sibaritas, gozan las mieles de la corruptela bajo la protección del gobierno de turno.
Un estado de derecho requiere imprescindiblemente de una administración de justicia independiente, tanto de los poderes económicos como de los poderes políticos. Esa justicia debe ser idónea, rápida y eficiente, debe servir al bien común y velar especialmente por los más
desprotegidos. Lo contrario genera impunidad, y la impunidad sólo protege al victimario y al corrupto, y erosiona el tejido social a través de la frustración que supone para la sociedad dejar sin castigo al culpable.
En su carta al Presidente de la Corte Suprema, el Papa Francisco decía que “administrar justicia es una de las más insignes tareas que el hombre puede ejercer”. Pero esta tarea vital para el estado de derecho debe contar con la permanente colaboración de todos los ciudadanos.
En efecto, todos debemos comprometernos en el reconocimiento y la defensa de valores como la verdad, la libertad, la solidaridad y la paz, que hacen posible la convivencia social, defendiendo la independencia de la justicia como la más preciosa y fundamental de las garantías, salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y único refugio contra cualquier arbitrariedad.
Apuntalar y fortalecer los principios constitucionales e impedir que sean vulnerados dará como resultado instituciones sólidas e independientes, invulnerables a las presiones del poder de turno y exentas de convertirse en botines políticos. Exijamos que los fiscales investiguen seria y responsablemente, con firme compromiso defendamos su tarea cuando la hicieran con diligencia y valentía, y repudiemos cualquier injerencia de los poderes políticos o económicos tendientes a obstaculizar su labor. Velemos para que los jueces hablen con transparencia y ecuanimidad a través de sus sentencias, pues todas nuestras garantías como ciudadanos están al amparo de esa función, la más vital en el estado de derecho. Así, todos estaremos a salvo no sólo del atropello a las libertades individuales, sino también de los desmanes del autoritarismo.
La calidad de la República depende también de nuestro compromiso.
CRA