Luego de la disertación del director de la Subsecretaría de Lechería de la Nación, Cdr. Roberto Socin, Ph consultó la opinión de entidades de productores que vienen trabajando en transparentar la transacción lechera
La Comisión de Lechería de la Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe (Aprusfe), afiliada a Carsfe, y Productores de Leche Asociados del Sur de Santa Fe y Córdoba (Plassaco), brindaron su mirada al respecto.
Ausencia del estándar
Respecto a si la Resolución 189 es un avance en la transparencia de la comercialización de leche cruda entre productor e industria, la posición de Aprusfe Plassaco es que la Resolución intenta que por igual calidad se pague un mismo precio. Si bien esto es muy justo y así debería operarse, los entrevistados sostienen, sin embargo, que la Resolución está lejos de lograr el objetivo porque no define un estándar, es decir, se sigue sin saber qué es leche. “Si no se tiene una leche de referencia o un estándar, ¿cómo saber si lo que se tiene es mejor o peor, y así saber que se está pagando y por qué?”, dicen.
Al no definir un estándar, se ignora el concepto de bien transable definido y se elimina el primer atributo de la transacción del Código Civil de la República Argentina, Capitulo III, del contrato de compra venta: definir el bien transable objeto de la transacción.
¿Mejor o peor?
Acerca de si la Resolución 189 de la Nación es mejor que lo que generó el Gobierno de Santa Fe sobre comercialización de leche, dijeron que el Decreto 1539/09 y la resolución ministerial 439/14 de Santa Fe, es mucho más precisa en los objetivos y ajustada a derecho que la 189. El cuadro adjunto en esta nota resume los puntos principales, ver cuadro.
Respecto a los comentarios de que la Resolución 189 tiene aspectos legales controversiales, la respuesta es afirmativa. Algunas consultas sobre sus aspectos legales advierten que el Art. 3 que limita las bonificaciones comerciales a un máximo, puede colisionar con el derecho a la libre contratación que consagra la Constitución Nacional. Sostuvieron que el Art. 3 está mal redactado y poco claro. “Las bonificaciones ‘comerciales’ son eso, comerciales, y no tienen ningún fundamento en la calidad o composición de la leche. La industria la utiliza para aumentar el precio de la leche, a un productor, sin comprometerse ya que las aplica de forma voluntaria y discrecional”, sostuvieron. En cuanto a si son legales, sí lo son, pues están contenidas en la libertad de contratación que protege la Constitución Nacional.
El Estado no tiene poder legal para imponer a un particular pagar un precio que el Estado determinó sobre un bien transable.
La manera efectiva de ir dejando la aplicación de bonificaciones comerciales o ir disminuyendo su uso para que todo lo que se pague por la leche sea justificado por su composición y calidad es fijar un estándar, cosa que la 189 no hace, y puede hacer.
Por lo tanto no se pueden limitar las bonificaciones “comerciales”. En tal sentido afirmaron que esto no atenta contra la transparencia de mercado lácteo, “en la medida que se tenga definido un estándar, bonificaciones y castigos sobre ese estándar”. Así se cumple que para una misma calidad, todos reciban un precio igual. Pero cuidado, nadie puede impedir, que luego, si se tiene la intención, se pague más esa leche estándar, dando bonificaciones comerciales. Se citó que en soja pasa eso: si se tiene un buque en dársena y están pagando estadía de más, porque no logra llenar su bodegas, necesita salir a buscar soja, y para tenerla rápido, ofrece al mercado pagar precio pizarra por soja estándar, más un 10 por ciento por bonificación comercial, “y eso nadie lo puede prohibir”. Además, en la formación de la pizarra, si esa operación pasó por la Bolsa, generó un dato cierto que se promedió con el resto, formando parte de la pizarra de las operaciones del día.
Mirando para otro lado
Consultados respecto a qué resultado práctico creen que tendrá esta Resolución, sostuvieron que la intención de la Resolución 189 es buena, pero en cambio su implementación es muy mala, y como es confusa muchos preferirán seguir como en la actualidad. Así, la lechería no avanzará en materia de comercialización. En el 2002, la producción consiguió el compromiso escrito de los gobiernos provinciales y las industrias del CIL sobre la necesidad de: 1) Definir una leche estándar. 2) Laboratorios independientes para la medición de la composición y parámetros de calidad. 3) Liquidación única.
Afirmaron que lamentablemente productores que firmaron el Acta de San Francisco y que desde el 2009 son funcionarios públicos, se olvidaron de lo firmado y en los cinco años que llevan en el cargo hicieron muy poco para poner en acción los puntos comprometidos. Se lanzó la Liquidación Única Universal y Obligatoria, pero sin fijar estándar ni dar un sistema simple y operativo para que el productor pueda dirimir rápidamente cualquier diferencia de medición, dejando que la fábrica siga hoy arrogándose la infalibilidad de la medición.
Santa Fe es más clara
Surge el interrogante sobre cuál debería ser una alternativa a seguir y para ello describieron lo que en materia de transacción de leche viene haciendo el Gobierno de Santa Fe, a saber:
– Definición de estándar para comercializar. Esto es definición de bien transable, en definitiva “qué es leche”.
– Publicación de precio de referencia por sólidos.
– Formalización voluntaria de las condiciones de comercialización pactadas entre industria y productor (Acuerdo Lácteo).
– Arbitraje de parámetros de comercialización que definen el precio por laboratorio elegido por las partes en el caso de haber celebrado el Acuerdo Lácteo, o el laboratorio Alecol de la ciudad de Esperanza, por ser el laboratorio de más alta calidad tecnológica, con certificación ISO 17.025.
Creen que esto es mucho más claro que lo que intenta hacer el Gobierno Nacional, que no quiere entender que la producción de leche es una producción regional, donde las provincias que poseen más del 75 por ciento de la producción de leche y la mayoría de los tambos y las industrias -Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos- no pueden dejarse de lado, sino que tienen que ser las protagonistas en el diseño de acciones que lleven a una lechería en crecimiento y en desarrollo. La Nación debe prestar el apoyo incondicional de lo que las provincias lecheras propongan. En definitiva, se tendría que generalizar para la región Centro, poseedora de 64 por ciento de las industrias, 71 por ciento de los tambos, 68 por ciento de las vacas y más del 74 por ciento de la leche, las medidas implementadas por Santa Fe.
Arthur J. Woodward
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