Quebró Grandes Máquinas, la empresa que prometió construir las máquinas agrícolas que se promocionaron frente a Casa Rosada. La firma fue noticia a nivel nacional por haberse visto beneficiada con fondos públicos entrerrianos.
Se trata de la misma firma que prometió construir las máquinas agrícolas que se promocionaron mediáticamente frente a la Casa Rosada, con la presidenta Cristina Kirchner, y que iban a venderse a Angola. Grandes Máquinas nunca construyó la máquina, promovida desde el gobierno entrerriano, y ahora un juez de Concepción del Uruguay dictó la quiebra. La medida debería tener una repercusión inmediata en la causa que investiga la defraudación en que incurrieron los empresarios y la responsabilidad de los funcionarios que no controlaron el destino de los créditos que otorgó la Provincia. En 2013 se habían relevado las irregularidades en informes periodísticos.
El juez en lo Civil y Comercial Número 3 de Concepción del Uruguay, Leonardo Portela, dispuso la quiebra de la empresa el 14 de marzo pasado, en el concurso preventivo de acreedores que había solicitado por la propia empresa el año pasado, según publicó el sitio Página Judicial.
El magistrado dispuso también que el 30 de junio próximo el síndico deberá presentar un «informe general» en el que exprese las causas del desequilibrio económico de la empresa, un detalle del activo y pasivo, la situación de los socios respecto de la compañía y si son pasibles de una denuncia penal, entre otros puntos.
Esta decisión del juez Portela debería tener una repercusión inmediata en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Paraná, tras la denuncia formulada por el abogado Guillermo Mulet por un posible fraude contra la administración pública, en virtud de los millonarios créditos que recibió la empresa.
Están imputados los empresarios Ricardo Vicente Senor (padre), Ricardo Javier Senor (hijo), Sergio Eduardo Scravaglieri y Carlos Ariel Bohl. La fiscal Sandra Terreno los acusó por presuntas irregularidades en el uso de subvenciones públicas, un delito que tiene penas de dos a seis años de prisión. Sin embargo, la investigación no avanzó más allá de aquellas imputaciones y a casi un año de formulada la acusación la causa se encuentra estancada en la producción de medidas preliminares.
La Opinión de Rafaela