Prorrogaron hasta el 2020 la suspensión de desalojos en predios rurales

Una comisión trabajará junto al programa del Ministerio de la Producción que deberá relevar las tierras ocupadas por más de diez años por pequeños productores. La diputada Claudia Giaccone, es la impulsora de la prórroga que beneficia a pequeños productores

El Poder Ejecutivo aceptó la propuesta del Poder Legislativo y extendió hasta el 28 de febrero de 2020 la emergencia en materia de propiedad y posesión de las tierras ocupadas por pequeños productores, familias de trabajadores rurales, campesinos e indígenas siempre que acrediten una ocupación efectiva, ininterrumpida y continuada, pública y pacífica, del predio rural por un término superior a los diez años.

La ley 13.666 fue sancionada en noviembre último por la Legislatura a instancias de la diputada justicialista Claudia Giaccone, promulgada por el Poder Ejecutivo y publicada en el Boletín Oficial. En los hechos, la norma prorroga la ley 13.334 que estableció un plazo de cinco años para regularizar la situación de esas tierras y en ese lapso -vencerá este 28 de febrero- apenas diez familias pudieron completar el trámite.

Giaccone impulsó la prórroga de la norma tras varias reuniones que realizó con el Movimiento de Pequeños Productores de Santa Fe (Moprofe) y admitió la escasa ejecución que tuvo la ley durante los cinco años de vigencia.

“En parte por no haber contado con la divulgación necesaria pero también por otras razones que entendemos debían ser incorporadas a la prórroga, como por ejemplo la imposibilidad de muchas familias con una economía muy inestable, de hacer frente al valor de las declaraciones juradas que deben firmar el titular, más dos testigos, ante juzgado o escribanos que implica un oneroso trámite. La nueva norma determina que de no ser viable la gratuidad el Estado debería asumir su costo”, explicó.

La diputada también incluyó en la norma la creación de una comisión de asesoramiento al Ministerio de la Producción donde además de funcionarios estatales y legisladores la formen un representante de las asociaciones y/o entidades representativas y/o asesoras de los pequeños productores e indígenas que cuenten con personería jurídica o el movimiento que las represente. “Esto permitirá una estrecha articulación de organizaciones sociales y el Estado, tal como ocurrió con éxito en la gestión y aplicación de otras leyes que determinaron la cesión de predios rurales a pequeños productores y a comunidades aborígenes”.

Otro de los efectos de la norma es que hasta 2020 queda suspendida la ejecución de las sentencias, actos procesales o resoluciones administrativas, o de cualquier índole, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación inmediata de las tierras contempladas en el artículo 1 de la ley.

La prórroga además de disponer la integración de la comisión de asesoramiento al Programa de Regularización Dominial amplía los alcances de éste.

Por Mario Cáffaro

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