Alega que las aplicaciones «descontroladas y abusivas» de ese herbicida significan «una amenaza grave» a la salud y al ambiente
Alegó que las aplicaciones «descontroladas y abusivas» de ese herbicida significan «una amenaza grave» a la salud y al ambiente El fiscal federal Fabián Canda solicitó a principios de este mes a la Justicia una medida cautelar para suspender el uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio que combinan semillas modificadas genéticamente y «exorbitantes» dosis de aplicación del herbicida glifosato por entender que esos rasgos del actual modelo agrícola significan «una amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados desde lo individual y social: el derecho a la salud y el derecho a un medioambiente sano».
Canda, quien representa al Ministerio Público en la Fiscalía Nº 8 de la ciudad de Buenos Aires, presentó la cautelar el pasado 1 de diciembre ante la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a la que le pidió además que de no poder hacerla efectiva al menos instruya al Poder Ejecutivo de la Nación a que disponga la suspensión de las aplicaciones aéreas con glifosato, así como la suspensión de aplicaciones terrestres con ese químico a una distancia inferior a los cinco mil metros de zonas urbanas de municipios, poblaciones, escuelas, huertas, ríos, arroyos y pozos de extracción de agua para consumo humano.
En su argumentación jurídica retomó informes e investigaciones de organismos oficiales y no oficiales como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados (Reduas), la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), la cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario, el Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) y (muchas) otras organizaciones.
En su escrito, el fiscal señaló que todos esos informes y antecedentes «dejan en evidencia, por lo menos, la indubitable peligrosidad de los agrotóxicos a base de glifosato», tras lo cual agregó que ignorarlos «es asumir una postura que va en contradicción con la jurisprudencia emanada de la Corte Federal en materia ambiental respecto de la aplicación del principio de precaución por parte de los jueces».
También señaló que «como es de público y notorio conocimiento» -y en base a una gran cantidad de informes y denuncias- el glifosato «no es aplicado en nuestro país en condiciones capaces de garantizar una utilización segura de ese tóxico producto», y recordó que «basta con que un solo ciudadano resulte contaminado» para que la Justicia «obre en consecuencia».
Al momento de explicar la razones por las que pidió la suspensión de las aplicaciones de glifosato en Argentina el especialista mencionó en primer lugar a la Constitución Nacional, que «tutela al ambiente de modo claro y contundente» lo que permite «admitir» la existencia de un componente ambiental dentro del estado de derecho.
«La efectividad que se reclama para todos los derechos fundamentales también debe ser predicada respecto de los de incidencia colectiva y en particular del ambiente», señaló Canda en su dictamen.
A su vez recordó el estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (Iarc) dependiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que declaró a cinco pesticidas, entre ellos el glifosato, como cancerígenos «posibles» o «probables», y argumentó que dicha posible o probable asociación con una enfermedad «muchas veces letal es por demás suficiente para activar el principio precautorio».
En relación a ese principio, Canda resaltó su importancia y recordó que «obliga a suspender o cancelar actividades que amenacen al medioambiente», tras lo cual agregó que de persistir por parte de los productores un uso «irresponsable» de los agroquímicos «nocivo para la salud pública» debería ponerse en consideración la aplicación de dicho principio. Para el fiscal los peligros que la utilización de agroquímicos implican para el medioambiente y la salud pueden considerarse «de público y notorio» si se tiene en cuenta incluso la existencia de «procesos de criminalización» por el uso de aquellos que dieron lugar a condenas firmes, como fue el caso de un aeroaplicador y un productor agropecuario de Córdoba.
En ese punto recordó que la sentencia afirmaba que «el uso indiscriminado, descontrolado, abusivo en la aplicación de agrotóxicos para la producción agrícola contamina en términos alarmantes la vida animal, vegetal y humana». En el dictamen también se pide por la obligatoriedad del etiquetado mediante leyendas «perfectamente visibles y destacables al ojo humano» colocadas en los envases de alimentos en producción o en stock que adviertan a los consumidores cuando su composición contenga organismos modificados genéticamente.
La solicitud se da en el marco de una apelación al rechazo de una medida cautelar en un proceso judicial colectivo donde se reclama la reparación del daño ambiental ocasionado por los OGM (organismos genéticamente modificados) y el agrotóxico glifosato en la Argentina.